Educación

Las clases particulares y la economía sumergida

Clases particulares

«Se ofrecen clases particulares». El mensaje se puede ver en cualquier esquina o autobuses de Barcelona así como de la mitad de los postes de teléfono de la ciudad. El negocio dar clases particulares constituye una forma relativamente sencilla de ganar algo de dinero, pero también es frecuentemente un delito de defraudación a la Hacienda Pública.

De eso pretende alertar un estudio en el que se muestra que el 93% de los alumnos que reciben clases particulares en Barcelona, por ejemplo, acuden a un docente no profesional que no está dado de alta en ningún régimen laboral, es decir, que trabaja en la economía sumergida. El mercado no regulado de las clases particulares factura cada año en torno a 1.800 millones de euros lejos de los ojos de Hacienda.

Según esta organización si se pudiera legalizar el 22% del mercado sumergido de las clases particulares de este país, se podría crear unos 20,5 millones de horas de trabajo en España y al mismo tiempo, 125.000 puestos de trabajo principalmente entre los jóvenes, con lo que empezarían trabajar, a cotizar y a acceder por primera vez al mercado laboral.

El Informe también manifiesta que la mitad de los que dan clases particulares lo hace para ganar algo de dinero extra, un 25% lo hace por vocación y un 20% para adquirir experiencia.

Las clases particulares suelen oscilar entre los 15 y los 20 euros en la economía sumergida. Algo más en la no sumergida donde hay más garantías de calidad y profesionalidad. Pero el problema de los costes que implican la cotización mínima y fija a la seguridad social de un profesor particular, tanto si es por cuenta ajena o como si es por cuenta propia, hace que no sea rentable muchas actividades que se realizan hoy en día, con lo que muchos profesionales se ven forzados a elegir entre comer y quedarse en la economía sumergida o no hacer nada y apuntarse al paro.

Y en definitiva este es el problema básico y fundamental del empleo en España. En el Reino Unido un profesor, por ejemplo, para empezar a trabajar puede cotizar aproximadamente unos 10€ al mes,  con lo que todos se da de alta en la seguridad social al empezar cualquier actividad profesional y de este modo, se mantiene en la mínima expresión la economía sumergida. Algo que aquí en España no ocurre.